Bogotá, diciembre de 2025. Colombia atraviesa hoy una de las crisis más profundas de su sistema de salud. Miles de pacientes enfrentan retrasos en la entrega de medicamentos, dificultades para acceder a tratamientos y una incertidumbre que no puede seguir normalizándose. Esa es la realidad que nos duele y que nos obliga a actuar con responsabilidad.
Por esa razón, pensando exclusivamente en la gente, hemos tomado dos decisiones responsables: archivar el proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno nacional y retirar la ponencia alternativa que buscaba, en su momento, acercar posiciones. No lo hacemos por cálculo político ni por intereses particulares. Lo hacemos porque no estamos dispuestos a jugar con la salud y la vida de los colombianos.
Durante meses intentamos construir una ruta de diálogo y concertación. Se analizó con rigor técnico y sentido de responsabilidad fiscal el impacto de las propuestas en discusión. Sin embargo, la realidad es clara y no admite maquillajes: hoy el país no cuenta con los recursos para financiar una reforma de esta magnitud, y persistir en ese camino sería irresponsable y riesgoso para la estabilidad del sistema y para las finanzas públicas.
Según el CARF, la reforma generaría un sobrecosto anual promedio de 0,5 puntos porcentuales del PIB frente al sistema actual y 0,7 puntos adicionales frente a las estimaciones del propio Gobierno. El impacto fiscal acumulado de estas medidas implicaría para el país un esfuerzo cercano a 126 billones de pesos constantes entre 2026 y 2036, una carga desbordada. Decir que una reforma es “urgente e inaplazable” no la vuelve viable cuando no tiene sustento fiscal. No se puede prometer soluciones estructurales sin explicar de dónde saldrá la plata, ni mucho menos trasladar al futuro del país una carga que no puede sostenerse.
La salud no se mejora con discursos ni con leyes sin respaldo; se protege con decisiones serias y con gestión responsable. Es importante decirlo con claridad: la crisis actual de la salud no es consecuencia de que una reforma no haya sido aprobada. Esta crisis tiene causas concretas y actuales: desfinanciamiento, improvisación, falta de decisiones oportunas y el uso político de un sector que debería estar por encima de cualquier interés ideológico.
Pretender ahora que una reforma sin recursos iba a resolver lo que el propio Gobierno no ha querido o no ha sabido atender es una excusa que no resiste la realidad. Sabemos que, a partir de estas decisiones, el Gobierno intentará desviar la atención. Dirán que defendemos intereses, que protegemos a las EPS o que le damos la espalda a la gente. Nada más alejado de la verdad. Nuestra decisión es precisamente porque estamos del lado de los pacientes, de los trabajadores de la salud y de las familias que hoy sufren las consecuencias del desorden y la falta de gestión.
Defender la salud de los colombianos también implica saber decir no a propuestas inviables. Cuidar el sistema no es perpetuar errores, sino evitar que se agraven. Y proteger a la gente es no someterla a experimentos sin respaldo financiero ni claridad sobre su impacto real. Exigimos al Gobierno nacional que asuma su responsabilidad, que atienda de manera inmediata la crisis que hoy viven los pacientes, que garantice la entrega de medicamentos, que fortalezca la red de atención y que deje de trasladar culpas por decisiones que no ha querido enfrentar. La salud de Colombia no necesita excusas ni confrontaciones; necesita soluciones reales, recursos ciertos y un liderazgo que actúe con seriedad.
Seguiremos trabajando con firmeza y compromiso para proteger el sistema de salud y a quienes dependen de él. Nuestra prioridad ha sido, es y seguirá siendo la gente.
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Norma Hurtado Sánchez
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